El punto de partida
Desde el 2003, en la Argentina, la noción de seguridad empezó a ser definida como “seguridad humana”, lo que significa identificarla con el ejercicio amplio de los todos los derechos de todas las personas, en el marco del pleno goce de la vida. De acuerdo con esta concepción, la seguridad ciudadana no se limita a una situación de ausencia de delito o de situaciones que, sin configurar eventos delictivos, resultan causantes de malestar, daño o perturban las reglas de convivencia.
Según este enfoque, el logro de grados crecientes de seguridad ciudadana está estrechamente relacionado con la generación y el sostenimiento, por parte del Estado, de las condiciones para el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales por parte de todos los integrantes de la sociedad.
Al mismo tiempo, la gestión de las políticas públicas de seguridad ciudadana enmarcadas en el nuevo enfoque, tanto en el país como en la región, consideran que la acción pública en este campo debe estar basada en tres pilares:
- el gobierno político de las fuerzas de seguridad,
- el abordaje integral y la multiagencialialidad de las problemáticas,
- la participación ciudadana y comunitaria.
En este marco, la formación de los ciudadanos y las ciudadanas en el enfoque de la seguridad democrática que dispute los sentidos más extendidos vinculados al paradigma punitivo, es una dimensión fundamental para concretar nuevas modalidades de prevención del delito y las violencias que van más allá de los ámbitos de desempeño de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. Nuevas modalidades que proponen acciones no punitivas que deben implementar múltiples agencias estatales en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de transformar los factores que provocan condiciones favorables para el surgimiento y la reproducción del delito y las violencias. Y que conllevan dejar de lado los modos de pensar y hacer la seguridad que postulan la utilización intensiva de los recursos policiales y el endurecimiento de las penas como métodos excluyentes para lograr controlar el delito y la violencia.
